Controversia por posible nombramiento de Demartini como embajador en el Vaticano

La reciente declaración del canciller Elmer Schialer sobre la posible designación de Julio Demartini como embajador del Perú en el Vaticano ha desatado una controversia que pone en la balanza tanto los aspectos legales como éticos de este nombramiento. A pesar de las investigaciones que enfrenta Demartini por su supuesta participación en un escándalo de corrupción vinculado al programa social Qali Warma, Schialer afirmó que no ve impedimentos legales que obstaculicen esta designación. Esta postura, sin embargo, ha suscitado una serie de críticas y preocupaciones tanto en el ámbito político como en el legal. Los cuestionamientos sobre la idoneidad de Demartini para ocupar una embajada tan sensible como la del Vaticano se han intensificado. El ex canciller Luis Gonzales Posada ha manifestado que, aunque la presidenta Dina Boluarte tiene la facultad de nombrar un porcentaje de embajadores políticos, hacerlo en este caso sería un error. Posada subraya que el exministro está bajo investigación y que su posible nombramiento podría ser visto como una provocación en un contexto político ya frágil. "Nombrar a Demartini en una embajada del nivel del Vaticano, en medio de estos escándalos, es algo que podría generar más turbulencias", advierte. Desde el Gobierno, las voces en favor de Demartini no se han hecho esperar. El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, expresó su simpatía por el exministro, sugiriendo que podría ser una buena opción para el cargo. Sin embargo, esta opinión se enfrenta a las preocupaciones expresadas por otros actores políticos y analistas, quienes argumentan que un nombramiento de esta naturaleza sin esclarecer su situación legal sería irresponsable. La abogada penalista Romy Chang ha indicado que la Fiscalía de la Nación cuenta con elementos suficientes para solicitar un impedimento de salida del país contra Demartini, lo que complicaría aún más el proceso. Ella advierte que su nombramiento en el Vaticano podría interpretarse como una forma de protegerlo ante la justicia y dificultar la investigación en su contra. "Una designación de este tipo podría servirle como un salvoconducto y evitar su comparecencia ante la fiscalía", sostiene. La situación de Demartini se vuelve aún más delicada cuando se consideran los aspectos éticos que rodean su posible ascenso diplomático. La opinión pública, así como varios expertos en derecho, coinciden en que un funcionario bajo investigación debería priorizar la transparencia y la rendición de cuentas, en lugar de buscar refugio en el extranjero. "Cualquier funcionario público investigado debe quedarse y dar la cara; un nombramiento así no envía el mensaje correcto a la ciudadanía", concluye Calderón. En el ámbito político, este asunto también pone de relieve la tensión existente entre el Ejecutivo y el sistema judicial. La presidenta Boluarte, al tener la potestad de designar embajadores, podría estar enviando un mensaje de impunidad al proceder con el nombramiento de un individuo que está bajo investigación por corrupción. Este tipo de acciones, en un momento donde la corrupción ha sido uno de los temas más críticos para la sociedad peruana, podría profundizar la desconfianza en las instituciones. El exministro Demartini, por su parte, ha manifestado su disposición a servir a la patria si se le convoca, dejando entrever su interés en ser parte del cuerpo diplomático. Sin embargo, sus declaraciones no parecen calmar la inquietud entre los sectores que consideran que su nombramiento sería una señal de que el Gobierno no está comprometido con la lucha contra la corrupción. Además, la cuestión de la Santa Sede agrega una dimensión adicional a este debate. La embajada del Perú ante el Vaticano es vista como una de gran relevancia, y enviar a un embajador con acusaciones de corrupción podría afectar no solo la imagen del país, sino también las relaciones diplomáticas con la iglesia católica, una institución influyente en Perú. Finalmente, en medio de esta controversia, la comunidad peruana se encuentra a la expectativa de cómo el Gobierno manejará esta situación. La decisión sobre la designación de Demartini podría no solo tener repercusiones en el ámbito diplomático, sino también influir en la percepción pública del gobierno actual y su compromiso con la ética y la transparencia. La presión social y la opinión pública jugarán un papel crucial en el desenlace de esta situación, en un contexto donde la lucha contra la corrupción es cada vez más imperativa.